Hace tiempo que la inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una infraestructura invisible de la vida cotidiana. Está presente cuando buscamos empleo, solicitamos un préstamo, acudimos al médico o realizamos gestiones con la Administración. Pero su expansión plantea una cuestión que trasciende la tecnología: cómo aprovechar el potencial de una herramienta llamada a transformar radicalmente el mundo sin poner en riesgo los derechos, la seguridad y las libertades de los ciudadanos. Ese fue el tema central del encuentro La protección de la ciudadanía ante el desarrollo de la IA, organizado por EL PAÍS y la Fundación Mutua Madrileña, en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), y celebrado el pasado 16 de junio en Madrid.
“No utilizar la IA sería como renunciar a la electricidad”
Durante su intervención, el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Lorenzo Cotino, planteó uno de los cuestiones que vertebraron buena parte de los debates del evento: cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial (IA) sin renunciar a los derechos y las garantías de los ciudadanos. Ante este punto, abogó por que el desarrollo de esta tecnología vaya acompañado de reglas claras y mecanismos efectivos de supervisión. Entre ellos citó la obligación de informar a los ciudadanos sobre los algoritmos que les afectan y la necesidad de mantener supervisión humana cuando las decisiones son adoptadas por sistemas automatizados.
Ante la pregunta de si Europa se encuentra lastrada por el exceso de regulación, Cotino recurrió a una comparación sencilla. “No circulamos con vehículos que no pasen unas normas técnicas”, recordó. De la misma manera, incidió en que la inteligencia artificial también necesita estándares y mecanismos de control que complementen las garantías ya previstas en la normativa de protección de datos.
El presidente de la AEPD también puso el foco en uno de los debates más sensibles asociados al desarrollo de la IA: el uso de sistemas de reconocimiento facial y biométrico en espacios públicos. “Se necesitan garantías y organismos que supervisen que se cumplen”, advirtió. Se trata, remarcó, de tecnologías que plantean importantes interrogantes sobre la privacidad y la protección de los derechos fundamentales.
Al mismo tiempo, defendió una visión pragmática de la innovación. La inteligencia artificial, reflexionó, aportará avances significativos en ámbitos como la investigación científica o la salud. El desafío, para él, consiste en incorporar esas ventajas sin sacrificar derechos fundamentales, y reveló que la propia AEPD ha querido predicar con el ejemplo. Según explicó, se ha convertido en la primera administración española en aprobar una política interna de uso de inteligencia artificial, con criterios de gobernanza, transparencia y gestión de riesgos.
En este sentido, aseguró que prohibir sin más el uso de estas herramientas dentro de las organizaciones resulta poco realista. “No utilizarla sería como decidir que no vamos a usar electricidad o que vamos a ir a caballo existiendo medios de locomoción”, dijo. Por eso, concluyó, la prioridad no debe ser impedir su utilización, sino establecer reglas claras para hacerlo de forma segura y responsable.